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La Comisión Brexit de España se reunirá semanalmente para discutir la estrategia

El gobierno de ESPAÑA está trabajando duro para asegurar que el país, sus ciudadanos británicos y sus ciudadanos en el Reino Unido sufran el menor número posible de efectos negativos después de Brexit, y especialmente en el caso de un escenario de no-transacción – que técnicamente todavía es posible, a pesar de que el Parlamento Británico tiene la intención de hacer aprobar una ley que lo descarte.

El presidente Pedro Sánchez ya había promulgado una ley el pasado mes de noviembre que entró en vigor en marzo de este año, antes de lo que habría sido el plazo de Brexit -la medianoche del 29 de marzo, hora de Europa occidental, que luego se trasladó al 12 de abril- para cubrir todas las posibles contingencias, incluyendo la protección de los derechos de los británicos residentes en España a seguir viviendo y trabajando en el país y a acceder al sistema nacional de salud.

La ley de Sánchez también creó condiciones que permitirían a las aerolíneas, barcos y otras formas de transporte seguir entrando y saliendo de España desde el Reino Unido, y planea ayudar a las empresas españolas con sede en Gran Bretaña y a aquellas en España que exportan o comercian con el Reino Unido.

Esta semana, el presidente interino ha anunciado una Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), y la ha confirmado durante la reunión de hoy (jueves) de la Comisión Interministerial Brexit.

Tras el debate de hoy, Sánchez confía en que España está «preparada para hacer frente a las consecuencias negativas de un Brexit sin acuerdo», pero quiere reforzar los vínculos entre los gobiernos regionales y el Estado a la luz de la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de octubre sin haber sellado antes un acuerdo con los 27 Estados miembros restantes.

Cada gobierno regional tendrá sus propias preocupaciones y posibles soluciones, basadas en sus conexiones, si las hubiera, con el Reino Unido, o en las repercusiones de un Brexit duro en ellos que los efectos que se sienten en todo el país pueden causar.

Para la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, las Islas Canarias y Baleares, y hasta cierto punto Catalunya, en particular, es el hogar de la mayoría de los 400.000 ciudadanos británicos que han hecho de España su hogar, y estas y otras regiones -como el País Vasco y Galicia- son originarias de los españoles que se han trasladado al Reino Unido para trabajar o estudiar.

Incluso aquellas regiones con pocos o ningún británico viviendo allí se verían afectadas por el no-deal, si exportan mercancías al Reino Unido, y podrían verse afectadas incluso en el caso de un acuerdo si las mercancías que comercian con Gran Bretaña son perecederas.

Sobre esta base, la Comisión Interministerial Brexit, integrada por varios ministerios nacionales y regionales, se reunirá semanalmente al menos hasta finales de octubre.

Sánchez confirmó a principios de este año que tenía previsto conceder automáticamente derechos de residencia permanente a todos los británicos que viven en España.

Como residentes permanentes, tendrían derecho a utilizar el sistema sanitario y a trabajar.

Los españoles en el Reino Unido tienen que solicitar la «condición de asentados», incluso si han nacido en el país, están casados con un ciudadano británico o han vivido y trabajado allí durante décadas.

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